La violencia en este país tiene hastiada a la población. Cada día imágenes de cuerpos torturados, mutilados, con el tiro de gracia. La sangre en las aceras nos ha vuelto resistentes a la indignación.
En consecuencia, una mayoría, un tanto desesperada, ha recurrido a la consigna “que los maten a todos”. Con pensamiento ligero exige “justicia” inmediata, sin intermediación de leyes o principios humanitarios. Desconoce que abrir la puerta a la Ley del Talión es la mejor manera de asegurarle un futuro al crimen organizado.
Con demagogia, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo de esta propuesta su lema de campaña. Una iniciativa poco meditada pero muy redituable entre las masas, aunque un breve ejercicio de racionalidad basta para desmontar la supuesta eficacia de esta forma de “justicia”.
Ojo por ojo y el mundo quedará ciego, dijo Gandhi. Es quizá esa ceguera la que lleva a los ciudadanos y ahora también a los medios de comunicación a mirar cada vez con menos atención las historias que en cualquier democracia del mundo serían señaladas, juzgadas y condenadas por todos. Es el caso de la ejecución de un presunto delincuente al parecer en manos de la policía estatal de Nuevo León.
El domingo fue atacado por sicarios un convoy donde viajaban los mandos policiacos del municipio de Santa Catarina. La Armada de México llegó en auxilio de los funcionarios y, como resultado, fueron capturados dos sujetos. De acuerdo con los testimonios disponibles, así como por las imágenes captadas, los marinos entregaron a los detenidos, en buen estado de salud, a la policía neoleonesa. Al día siguiente uno de ellos apareció tirado en otro municipio, muerto y con huellas de tortura.
Lo más preocupante de todo esto es que el hecho podría llegar a tener un desafortunado apoyo social. “Merecía morir”, dirán algunos. Ignoran que el ahorro del proceso judicial tiene más consecuencias que el simple quebranto de las reglas judiciales o de los “elevados” principios fundamentales de la humanidad; se destruyó la investigación que podía haberse derivado si el sujeto aún siguiera con vida; se sabría más de sus posibles vínculos con criminales o funcionarios. ¿Lo mataron por venganza? ¿O le quitaron la vida para callarlo por algo que sabía? ¿O por su confabulación con alguna autoridad?
En este caso y en cualquier otro similar se demuestra que el debido proceso no es una simple excentricidad burocrática, es el mejor método para perseguir al crimen hasta consumirlo. Los policías del gobierno estatal de Nuevo León tendrán que explicar si ellos eliminaron esa posibilidad. Y en caso de que así fuera, lo peor sería aplaudirles por ello.
En consecuencia, una mayoría, un tanto desesperada, ha recurrido a la consigna “que los maten a todos”. Con pensamiento ligero exige “justicia” inmediata, sin intermediación de leyes o principios humanitarios. Desconoce que abrir la puerta a la Ley del Talión es la mejor manera de asegurarle un futuro al crimen organizado.
Con demagogia, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo de esta propuesta su lema de campaña. Una iniciativa poco meditada pero muy redituable entre las masas, aunque un breve ejercicio de racionalidad basta para desmontar la supuesta eficacia de esta forma de “justicia”.
Ojo por ojo y el mundo quedará ciego, dijo Gandhi. Es quizá esa ceguera la que lleva a los ciudadanos y ahora también a los medios de comunicación a mirar cada vez con menos atención las historias que en cualquier democracia del mundo serían señaladas, juzgadas y condenadas por todos. Es el caso de la ejecución de un presunto delincuente al parecer en manos de la policía estatal de Nuevo León.
El domingo fue atacado por sicarios un convoy donde viajaban los mandos policiacos del municipio de Santa Catarina. La Armada de México llegó en auxilio de los funcionarios y, como resultado, fueron capturados dos sujetos. De acuerdo con los testimonios disponibles, así como por las imágenes captadas, los marinos entregaron a los detenidos, en buen estado de salud, a la policía neoleonesa. Al día siguiente uno de ellos apareció tirado en otro municipio, muerto y con huellas de tortura.
Lo más preocupante de todo esto es que el hecho podría llegar a tener un desafortunado apoyo social. “Merecía morir”, dirán algunos. Ignoran que el ahorro del proceso judicial tiene más consecuencias que el simple quebranto de las reglas judiciales o de los “elevados” principios fundamentales de la humanidad; se destruyó la investigación que podía haberse derivado si el sujeto aún siguiera con vida; se sabría más de sus posibles vínculos con criminales o funcionarios. ¿Lo mataron por venganza? ¿O le quitaron la vida para callarlo por algo que sabía? ¿O por su confabulación con alguna autoridad?
En este caso y en cualquier otro similar se demuestra que el debido proceso no es una simple excentricidad burocrática, es el mejor método para perseguir al crimen hasta consumirlo. Los policías del gobierno estatal de Nuevo León tendrán que explicar si ellos eliminaron esa posibilidad. Y en caso de que así fuera, lo peor sería aplaudirles por ello.
Javier Francisco Arredondo Verdugo, de 24 años, originario de Baja California Sur, y Jorge Antonio Mercado Alonso de 23 años, de Saltillo, Coahuila, murieron el pasado viernes durante un enfrenamiento entre grupos armados y efectivos militares frente a las instalaciones de la institución..jpg)
