lunes, 29 de marzo de 2010

“Guerra al narcotráfico”


¿La suerte está echada?

Dos estudiantes muertos en condiciones inquietantes, confusas y no aclaradas por las autoridades, durante un enfrentamiento del Ejército con una banda armada. Un presunto narcomenudista aparece muerto y con huellas de tortura un día después de detenido; difundido por tv al ser subido a un helicóptero de la Armada (habría otros dos más). Ninguna explicación plausible; no hay detenidos, ni investigaciones pertinentes. Sólo habladurías (forma banal del silencio). Impunidad anunciada. Es la “guerra al narcotráfico” y su destino manifiesto. En estos episodios —punto de gravedad para el Estado mexicano— aparecen los actores armados principales del Estado, la columna vertebral de la (pseudo) estrategia gubernamental —huella distintiva (y legitimatoria) del gobierno de Felipe Calderón.

En el primer caso, la escena del crimen es alterada, desaparecen deliberadamente las identificaciones, se les señala falsamente como no identificados, se les difama y califica de sicarios, se engaña a los directivos del Tec. No se sabe nada de la autopsia (¿de qué murieron?), de los peritajes balísticos, no se desmienten versiones sobre probable tortura o pérdida de miembros. Las autoridades generan versiones contradictorias y se inculpan mutuamente; nadie es responsable. En el otro caso, la Marina se deslinda, el director de la policía del Estado también, el jefe de la policía municipal desaparece; testigos señalan que no dejaron ningún herido en el hospital; nadie fue presentado al Ministerio público. No hay investigación confiable, no se sabe —tampoco— de autopsia o peritajes.

Dos sucesos graves. No son los primeros casos. No es un asunto simple y llano de bajas colaterales de civiles, dos evidentemente inocentes y el otro también, al menos, presuntamente inocente…; como si el asunto de las bajas colaterales, las equivocaciones o los accidentes donde mueren inocentes no fueran una cuestión relevante. Pero se trata de algo mucho peor. La implicación del Ejército y la Armada eleva el rango de importancia y definición para el Estado mexicano. Su divulgación masiva, el debate público inmediato e inherente, el sentido de sus implicaciones apuntan a que estos sucesos se conviertan en puntos de inflexión irreversibles. De no esclarecerse con prontitud y eficacia, la base ética de “la guerra” y su andamiaje moral y legal quedarán desmantelados. El rey desnudo en su obsesión. Las fuerzas armadas desacreditadas.

Las preguntas son abrumadoras. ¿Se trata de episodios que son síntomas de anomalías en los esquemas operacionales del Ejército, la Armada, la Policía Federal?; ¿consecuencias de que sus operaciones adolecen de estrategia y planeación (CNDH dixit)?; ¿hechos paradigmáticos en relación a los patrones de operación en la lucha contra el narcotráfico? La duda, preocupación, alarma, consternación y escándalo se justifican; la discusión pública es pertinente, legítima y hasta fructífera para una sociedad que se pretenda democrática, mientras las autoridades federales y los altos mandos de las fuerzas armadas de México no esclarezcan los hechos, señalen responsables y se proceda judicialmente para que no haya impunidad.

Deseamos creerle al general Guillermo Moreno Serrano, comandante de la Cuarta Región Militar (Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí), cuando dice: “… seríamos una horda de salvajes (si le disparáramos a lo que se mueva), por eso tenemos disciplina, entrenamiento, adiestramiento, leyes y un código militar. No somos asesinos”. Los hechos de Monterrey, si no esclarecidos con eficacia, verdad y prontitud, cuestionan el talante moral del presidente Calderón, de su gobierno, de la insostenible —conceptual y estratégicamente— “guerra al narcotráfico” y —para el caso y las circunstancias— lo más grave, a las fuerzas armadas de México.

Hay que perseverar y profundizar en este debate. Está en juego el alma del estado de derecho y democrático en México. La cuestión relativa a los derechos humanos es hoy más crucial que nunca. Resulta decisiva desde el atroz periodo de la llamada “guerra sucia” (asesinatos de Estado y desaparición de personas) o desde las masacres del 2 de octubre del 68 o el “jueves de Corpus” (10 de junio de 1971).

Hechos terribles, muertos innumerables, confusiones patéticas, torpezas inenarrables; todos resultan signos ominosos con implicaciones sombrías de este terrible marzo que termina. Augurios siniestros, nuestros intransferibles idus de marzo mexicanos. El peor momento de “la guerra” del gobierno del presidente Calderón, de la cruzada sin fin (hasta la victoria —sin definición alguna— siempre…) y sin fines estratégicos y/o tácticos. El presidente ansía vivir en un estado de epopeya permanente. No existe ninguna expectativa razonable de cambio; tan sólo apósitos sociales y culturales (además, con tufo electoral, como en Juárez). La discusión es moral e históricamente impostergable.

¡La suerte está echada!




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